La Vanguardia
LUXEMBURGO, 6 (EUROPA PRESS) Reino Unido ha liderado este jueves durante la reunión de ministros de Justicia de la UE una ofensiva -apoyada por Alemania, Holanda o Francia- con el fin de descafeinar la nueva norma propuesta por Bruselas para reforzar la protección de datos personales en Internet, alegando que impondrá una carga burocrática excesiva a las empresas.
La actitud de Londres y sus aliados -que ha logrado frustrar el intento de la presidencia irlandesa de alcanzar un acuerdo político sobre los principales aspectos del nuevo reglamento- ha enfurecido a la vicepresidenta de la Comisión y responsable de Justicia, Viviane Reding. "Hay algunos colegas a los que no les gusta que se pongan en práctica los derechos de los ciudadanos", ha criticado Reding en rueda de prensa tras el Consejo de Justicia.
Reding ha atacado la petición de algunos países de tomarse más tiempo para negociar, alegando que la norma lleva ya negociándose 18 meses, mientras que las reglas para retener datos sobre los ciudadanos para combatir delitos graves se aprobaron en 6 meses. "Parece que no nos cuesta nada de tiempo eliminar derechos pero necesitamos mucho tiempo para establecer derechos. Yo no estoy de acuerdo con esto", ha dicho la comisaria de Justicia.
Durante el debate público, el secretario de Estado de Justicia británico, Chris Grayling, ha rechazado expresamente la propuesta de compromiso de la presidencia irlandesa alegando que "necesita mucho más trabajo" y que "quedan muchas cuestiones pendientes". La nueva norma "impondrá cargas adicionales significativas a las empresas", ha sostenido el representante británico, lo que se traducirá en una pérdida de competitividad a escala mundial.
Por este motivo, Grayling ha reclamado a la Comisión un nuevo análisis del impacto económico del reglamento, una petición secundada por otros países como Holanda o Bélgica. Alemania y Francia no han sido tan duros en sus críticas a la propuesta irlandesa, pero también han defendido seguir negociando. Además, Reino Unido, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Estonia, Hungría, Suecia y Eslovenia mantienen su oposición a que las nuevas normas de protección de datos se plasmen en un reglamento de directa aplicación en toda la UE y reclaman en su lugar una directiva que permita a los Estados miembros más flexibilidad.
En el caso de España, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha defendido la nueva norma pero ha reclamado también que se limiten al máximo las cargas burocráticas adicionales a las empresas. El reglamento, ha sostenido Gallardón, es un "paso verdaderamente positivo" para que los ciudadanos tengan la "garantía de que los nuevos sistemas informáticos, el avance de las tecnologías, no van a significar una vulneración de nuestra intimidad" y de que "sin la autorización de los ciudadanos no se van a poder utilizar todos sus datos personales para ningún tipo de actividad económica".
Al término del debate, el ministro irlandés de Justicia, Alan Shatter, ha sostenido que todos los ministros coinciden en que "la protección para los ciudadanos no debe ser inferior a la que existe actualmente, e incluso salir reforzada". Pero ha admitido que existen "reservas" y que se necesita "más trabajo", lo que hará imposible que la norma se apruebe bajo presidencia irlandesa.
Consentimiento explícito o inequívovo
La propuesta de compromiso que Dublín había puesto sobre la mesa diluía ya algunos de los principales aspectos del nuevo reglamento en un intento de ganarse el apoyo de todos los ministros. En particular, la presidencia ha suprimido la exigencia de consentimiento "explícito" para que compañías como Google o Facebook guarden los datos de sus clientes y lo ha sustituido por el más ambiguo consentimiento "inequívoco".
"Quedarse callado no es lo mismo que decir que sí", ha criticado la vicepresidenta Reding, que ha sido secundada por otras delegaciones como Francia. No obstante, Reding apoyaba el plan irlandés por considerar que no rebasa su "línea roja": "garantizar que la protección no sea inferior a la actual".
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